Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán dispuso ampliar las medidas protectorias entre la [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y el [DENUNCIANTE_1], con carácter recíproco. Ordenó prohibición de acercamiento por 90 días con radio de 300 metros, prohibición de ingreso o permanencia en el domicilio familiar de cada parte y prohibición de actos molestos, perturbadores o publicaciones en redes sociales vinculadas al conflicto judicializado. También ordenó oficiar a la Comisaría de la Familia de Choele Choel, pedir informes sobre denuncias posteriores y librar oficio al Municipio de Choele Choel para intervención del CRAIA respecto del [DENUNCIANTE_1].

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán fijó una cuota alimentaria provisoria a cargo del progenitor equivalente al 70% del Salario Mínimo Vital y Móvil. La medida dejó sin efecto la cuota homologada en 2023, que era del 50% del SMVM, por considerarla desactualizada frente al contexto inflacionario. También ordenó el traslado de la demanda por proceso sumarísimo, dispuso que la cuota se deposite del 1 al 10 de cada mes en una cuenta judicial del Banco Patagonia y aclaró que el monto no incluye asignaciones familiares, ayuda escolar ni escolaridad. Dio intervención a la Defensoría de Menores e Incapaces.

La Cámara hizo lugar a la recusación planteada por la demandada respecto de la Dra. Paola Bernardini, titular del Juzgado 11, en el incidente del proceso de consumo entre María Irene Ditschensky y Gastón Alberto Martos. El tribunal consideró que la denuncia ante el Consejo de la Magistratura había generado una investigación preliminar en trámite ante la Auditoría General, lo que descartaba que se tratara de una denuncia ya desestimada o sin curso favorable. Ordenó comunicar lo resuelto al juez subrogante una vez firme la decisión.

La Cámara hizo lugar a las quejas E0022 y E0036 planteadas por la Dra. Andrea Koulinka y el Dr. Estofan Aguilar Sergio M., apoderados de Gastón A. Martos, en el sumarísimo de consumo iniciado por María Irene Ditschensky. La alzada habilitó la revisión de apelaciones que habían sido denegadas por la Unidad Jurisdiccional N° 11, vinculadas con la excepción de defecto legal y con el aplazamiento de la audiencia preliminar. Consideró que existía gravamen suficiente y que no había una oportunidad posterior clara para reparar el perjuicio procesal. Ordenó informar lo resuelto al juzgado de origen.

El Juzgado de Familia de General Roca hizo lugar parcialmente a la impugnación del demandado contra la planilla de liquidación presentada por la actora. Ordenó que la actora practique una nueva liquidación conforme lo resuelto y difirió la regulación de honorarios. La decisión se apoyó en que la planilla no debía recalcular íntegramente cuotas ya canceladas mediante libramientos aprobados, sino limitarse al período posterior, desde septiembre de 2024 hasta junio de 2025, y computar intereses sobre diferencias devengadas hasta cada libramiento.

La Cámara rechazó la queja interpuesta por el letrado [NOMBRE_1] en el proceso de alimentos entre [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1]. El tribunal entendió que no se había demostrado error en la denegatoria de la apelación ni gravamen irreparable respecto de la providencia cuestionada, vinculada con prueba y con un apercibimiento al letrado por el tenor de sus presentaciones. La decisión mantuvo cerrada la vía recursiva, no resolvió el fondo alimentario y no impuso costas, porque no hubo contradicción.

La Cámara reguló honorarios en un expediente contencioso administrativo contra IPROSS. Fijó, en forma conjunta, los honorarios de las letradas María Paz Camperi y Paola Vanesa Del Valle y del letrado Leandro Gastón Zacarías Védova en $ 425.330,00.- (5 Jus), sobre la base de $ 5.612.356,44 indicada en el dispositivo. La resolución se limita al pedido regulatorio y ordena registrar y notificar.

La unidad jurisdiccional ordenó llevar adelante la ejecución de honorarios provisorios regulados a favor del perito Dr. Luis María Ligarribay contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Ordenó el pago de $399.425.- en concepto de capital, más $800.000.- presupuestados para intereses y costas, con costas a la ejecutada. Difirió la regulación de honorarios hasta que la sentencia quede ejecutoriada y notificó a la ejecutada el plazo de cinco días para oponer excepciones.

El juzgado ordenó medidas complementarias en una denuncia de violencia familiar. Dispuso mantener las medidas adoptadas mientras no existan elementos para modificarlas, autorizó el retiro de efectos personales de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] del domicilio denunciado, ordenó rondines por 10 días en el domicilio de la denunciante y dispuso la concurrencia de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] al Departamento de Salud Mental del hospital local para tratamientos o programas reflexivos. La orden conserva carácter preventivo. El alcance queda ceñido a lo ordenado en la parte dispositiva, con identidad preservada según la fuente oficial.

La jueza declaró que, por fallecimiento de OSCAR CESAR ESCOBAR, le suceden como únicos y universales herederos sus descendientes NILDA SUSANA ESCOBAR, VICTOR MANUEL ESCOBAR y LAURA ARGENTINA ESCOBAR. La resolución dictó la declaratoria dentro del sucesorio ab intestato, tras tener por cumplidas las publicaciones, los informes registrales y la intervención del Ministerio Público.