Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Ejecución Penal de General Roca hizo lugar al acuerdo de partes y declaró la nulidad de la sanción disciplinaria impuesta a '[CONDENADO_1]' mediante la Resolución 19/26. La decisión surgió de una audiencia de recurso donde la defensa cuestionó la falta de notificación previa de la audiencia ante el director, la imposibilidad de participar con asistencia técnica y la ausencia de registros fílmicos suficientes. El juzgado ordenó además hacer saber al director del Establecimiento Penal 4 que debe notificar a la defensa antes de cada acto procesal en los sumarios administrativos sancionatorios.

La Cámara Primera del Trabajo de General Roca hizo lugar en su mayor extensión a la demanda de Juan Leandro Rubén SERRANO contra la Provincia de Río Negro. Condenó a pagar diferencias por falta de pago oportuno del SAC proporcional del segundo semestre de 2022 y vacaciones no gozadas de 2020 y 2021, con intereses según la calculadora del Poder Judicial y el precedente Machin, imputando a intereses el pago efectuado en 2023. El tribunal consideró reconocido el incumplimiento respecto del SAC, valoró la demora administrativa y admitió las vacaciones no gozadas por la situación excepcional de pandemia y la falta de acreditación de su efectivo goce, pero excluyó el período 2022 por ausencia de prestación efectiva de tareas.

El Juzgado Civil de Villa Regina reguló los honorarios profesionales de MAICOL DANIEL PATELLI, quien actuó por derecho propio, en una suma equivalente a 5 JUS. Dispuso que el monto sea valorado a la fecha del efectivo pago y que, desde la mora hasta la cancelación, devengue una tasa pura del 8% anual. La regulación tomó en cuenta la naturaleza del proceso, las tareas realizadas, su complejidad y el resultado obtenido, y ordenó cumplir con la Ley D 869.

El Juzgado de Familia de Cipolletti dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento por 90 días respecto de [DENUNCIANTE_1]. La orden fijó un radio de 500 metros sobre su persona, residencia y lugares públicos o privados donde se encuentre, intimó a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] a cumplirla y ordenó abstenerse de incidentes, agravios, actos molestos, hostigamiento o reclamos personales por fuera de las vías legales. También dispuso comunicación a la Policía, fijó audiencia con la denunciante y ordenó tratamiento psicoterapéutico para el denunciado a través del área de Salud Mental del Hospital de Cinco Saltos.

El Juzgado de Paz de Mainqué absolvió a la ciudadana [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] de la infracción contravencional del art. 47 de la Ley 5592 y ratificó las medidas protectorias tomadas durante el trámite. La sentencia valoró que la citación policial se realizó sin detallar fecha, hora ni lugar del hecho imputado, lo que afectó el derecho de defensa. También ponderó que la única testigo manifestó no haber presenciado amenazas o insultos, que no se produjo prueba suficiente para sostener la imputación y que el acta contravencional no permitió individualizar con precisión la conducta atribuida. Ordenó notificar, registrar y archivar oportunamente, dejando subsistentes las medidas protectorias ratificadas en el primer punto resolutivo.

El Juzgado de Familia de Cipolletti dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento por 90 días respecto de la Sra. [VÍCTIMA_1]. La orden fijó un radio de 500 metros sobre su persona, residencia y lugares públicos o privados donde se encuentre, e intimó al Sr. [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] a cumplirla bajo apercibimientos legales. También ordenó abstenerse de incidentes, agravios, actos molestos, hostigamiento o reclamos personales fuera de las vías legales, comunicar la medida a la Policía y fijar audiencias separadas para las partes. Aclaró que la medida no se extendía a los hijos menores por no surgir peligro para ellos.

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán dispuso ampliar las medidas protectorias entre la [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y el [DENUNCIANTE_1], con carácter recíproco. Ordenó prohibición de acercamiento por 90 días con radio de 300 metros, prohibición de ingreso o permanencia en el domicilio familiar de cada parte y prohibición de actos molestos, perturbadores o publicaciones en redes sociales vinculadas al conflicto judicializado. También ordenó oficiar a la Comisaría de la Familia de Choele Choel, pedir informes sobre denuncias posteriores y librar oficio al Municipio de Choele Choel para intervención del CRAIA respecto del [DENUNCIANTE_1].

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán fijó una cuota alimentaria provisoria a cargo del progenitor equivalente al 70% del Salario Mínimo Vital y Móvil. La medida dejó sin efecto la cuota homologada en 2023, que era del 50% del SMVM, por considerarla desactualizada frente al contexto inflacionario. También ordenó el traslado de la demanda por proceso sumarísimo, dispuso que la cuota se deposite del 1 al 10 de cada mes en una cuenta judicial del Banco Patagonia y aclaró que el monto no incluye asignaciones familiares, ayuda escolar ni escolaridad. Dio intervención a la Defensoría de Menores e Incapaces.

La Cámara hizo lugar a la recusación planteada por la demandada respecto de la Dra. Paola Bernardini, titular del Juzgado 11, en el incidente del proceso de consumo entre María Irene Ditschensky y Gastón Alberto Martos. El tribunal consideró que la denuncia ante el Consejo de la Magistratura había generado una investigación preliminar en trámite ante la Auditoría General, lo que descartaba que se tratara de una denuncia ya desestimada o sin curso favorable. Ordenó comunicar lo resuelto al juez subrogante una vez firme la decisión.

La Cámara hizo lugar a las quejas E0022 y E0036 planteadas por la Dra. Andrea Koulinka y el Dr. Estofan Aguilar Sergio M., apoderados de Gastón A. Martos, en el sumarísimo de consumo iniciado por María Irene Ditschensky. La alzada habilitó la revisión de apelaciones que habían sido denegadas por la Unidad Jurisdiccional N° 11, vinculadas con la excepción de defecto legal y con el aplazamiento de la audiencia preliminar. Consideró que existía gravamen suficiente y que no había una oportunidad posterior clara para reparar el perjuicio procesal. Ordenó informar lo resuelto al juzgado de origen.