Fallos jurisdiccionales

La jueza ordenó librar oficio al Banco Patagonia y tuvo presente el acuerdo alcanzado entre las partes en un proceso de daños y perjuicios por Ley 24240. La resolución indicó que el acuerdo adquiere fuerza de sentencia para su ejecución en caso de incumplimiento. Reguló honorarios de los Dres. Alejandro Diez y Pablo Spieser Riquelme en conjunto en el 17% del monto base acordado, más el 40% por apoderados, sobre MB $6.000.000. También ordenó estar al 5% de $10.369.667,40 para el perito Aldo Fabián Capitán y liquidar impuestos y sellados.

El Juzgado aprobó el acuerdo de pago presentado por las partes con efecto de cosa juzgada y tuvo por desistidas las apelaciones concedidas. También aprobó la liquidación conjunta por $ 8.648.600,30, integrada por daño moral, daño punitivo, daño patrimonial y gastos con intereses. Determinó los honorarios del perito informático en $ 425.330, practicó liquidación de tributos y ordenó la apertura de una cuenta judicial en Banco Patagonia.

El Juzgado Civil homologó judicialmente el acuerdo alcanzado en la audiencia del art. 34 del CPCC en un proceso simplificado de daños y perjuicios vinculado a la Ley 24.240. La resolución reguló los honorarios profesionales en la forma acordada, ordenó oficiar al Banco Patagonia para abrir la cuenta judicial y dio vista a la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.

La Cámara Civil de General Roca modificó sólo la distribución de costas en un juicio de daños contra la Municipalidad de Villa Regina y confirmó el resto de la sentencia de primera instancia. La demandada apeló la condena dictada por el accidente vial del 28/06/2021, pero el tribunal rechazó el recurso en su mayor extensión. Consideró que los agravios no desvirtuaban la responsabilidad ni la procedencia de los rubros admitidos, aunque advirtió vencimiento parcial por el rechazo total de lucro cesante y daño psicológico. Por eso fijó las costas de ambas instancias en 90 % a cargo de la demandada y 10 % a cargo de la actora, y reguló honorarios de alzada.

La Cámara declaró mal concedido y rechazó por improcedente el recurso de apelación de FB Líneas Aéreas S.A. contra la sentencia interlocutoria 5/2026 dictada por la Unidad Jurisdiccional Civil N° 3. La decisión mantiene cerrado ese recurso y no revisa el fondo de la acción de daños y consumo. Impuso las costas de la instancia a la recurrente vencida y reguló los honorarios del Dr. Nicolás Andrés Vidondo en el 30% y los del Dr. Marcos Isaac en el 25% de lo que se regule en origen por la incidencia. La Cámara resolvió así una cuestión recursiva concreta: la apelación no quedó habilitada para abrir una revisión sustantiva de la sentencia interlocutoria, por lo que el proceso conserva el efecto procesal fijado en origen.

La Cámara hizo lugar a las quejas E0022 y E0036 planteadas por la Dra. Andrea Koulinka y el Dr. Estofan Aguilar Sergio M., apoderados de Gastón A. Martos, en el sumarísimo de consumo iniciado por María Irene Ditschensky. La alzada habilitó la revisión de apelaciones que habían sido denegadas por la Unidad Jurisdiccional N° 11, vinculadas con la excepción de defecto legal y con el aplazamiento de la audiencia preliminar. Consideró que existía gravamen suficiente y que no había una oportunidad posterior clara para reparar el perjuicio procesal. Ordenó informar lo resuelto al juzgado de origen.

El Juzgado Civil ordenó reiterar un oficio al Banco Santander S.A. solicitado por la parte demandada. La entidad deberá informar si entre marzo y junio de 2015, junio de 2016 y junio de 2017 existieron movimientos o transferencias recibidas por Lelio Enrique Tolosa y Violeta Esther Calvo provenientes de Adalberto Melchor Balda, y si aquellos fueron titulares, cotitulares, apoderados o autorizados de cuentas. La resolución consideró que el nuevo oficio saneaba un error de redacción del requerimiento anterior y no ampliaba la prueba admitida. No impuso costas.

La jueza civil hizo lugar a la demanda de daños de [ACTOR_1] contra [DEMANDADO_1], excluyó la cobertura de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. y condenó a la demandada a pagar $361.557,00 más intereses. La sentencia tuvo por acreditada la mecánica del siniestro a partir de la pericia accidentológica, testimonios e informes municipales, y consideró que la demandada invadió el carril contrario. La exclusión de cobertura prosperó como defensa de la citada en garantía. Rechazó además el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 24.432 y del art. 730 del CCC. Impuso costas a la accionada, reguló honorarios en JUS y ordenó que, firme la sentencia y liquidados los intereses, OTIC practique la liquidación de impuestos judiciales.

El juzgado de Villa Regina hizo lugar a la demanda de [ACTOR_1] contra [DEMANDADO_1] y [DEMANDADO_2] por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. Condenó a ambos demandados a pagar en diez días $37.709.635, con los intereses definidos en los considerandos, y les impuso las costas. La sentencia tuvo por acreditada la procedencia de distintos rubros indemnizatorios, incluyendo incapacidad física, daño moral, reparación de la motocicleta y privación de uso; rechazó el daño psicológico porque el informe pericial indicó que la actora no sufría daño psíquico. La decisión partió de la rebeldía de los codemandados y de la prueba incorporada. También reguló honorarios profesionales y periciales sobre el monto de condena.

El Juzgado Civil hizo lugar a la excepción de incompetencia de Despegar.com.ar S.A. y se inhibió de seguir interviniendo en la demanda de daños del consumidor. El reclamo buscaba la devolución y reparación por cuatro pasajes aéreos a Cancún cancelados durante la pandemia de COVID-19. La sentencia consideró que la controversia está principalmente vinculada con transporte aéreo internacional, aun cuando la demanda se dirigiera contra la agencia de viajes y se invocara la Ley 24.240, porque el Código Aeronáutico atribuye la materia al fuero federal. Ordenó archivar la causa una vez firme, impuso costas por su orden con el alcance del beneficio de justicia gratuita del consumidor y reguló honorarios de los letrados de ambas partes.