Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Paz de Cervantes dispuso medidas cautelares tras una denuncia de violencia familiar. Prohibió a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] acercarse a menos de 200 metros de [DENUNCIANTE_1], su domicilio, lugares de trabajo o esparcimiento, y ordenó abstenerse de hostigamiento o actos perturbadores, incluso por teléfono o redes sociales. Las medidas rigen desde la notificación y hasta que intervenga la Unidad Procesal de Familia de General Roca, que decidirá su continuidad o cese. El incumplimiento puede generar sanciones y una causa por desobediencia.

El Juzgado de Paz de Catriel dispuso la intervención urgente de la SENAF para evaluar la posible situación de riesgo y vulnerabilidad de tres personas menores de edad. La causa se inició por una denuncia formulada en su representación y fue remitida desde otro juzgado por razones territoriales. La decisión también dio intervención a la Defensoría de Menores e Incapaces y dispuso remitir luego las actuaciones a la oficina de familia para su radicación definitiva y eventual adopción de medidas.

La jueza de Familia de Cipolletti dispuso no ratificar las medidas adoptadas por el Juzgado de Paz y, como consecuencia, tuvo por desestimada la denuncia de [DENUNCIANTE_1]. Consideró que los hechos relatados se vinculaban con el cuidado personal y el régimen de comunicación respecto de sus hijos, y no con una situación que encuadrara en la Ley 3040. La resolución indicó que esas pretensiones deben canalizarse por las acciones propias de responsabilidad parental, con asistencia letrada, y dispuso el archivo una vez firme. La decisión no afirmó ni descartó hechos de violencia fuera del alcance cautelar examinado.

La jueza de Familia de General Roca decretó la exclusión del hogar de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y puso a [DENUNCIANTE_1] en posesión de la vivienda, complementando una prohibición de acercamiento ya vigente. También ordenó rondines policiales diarios durante 20 días. En favor de los hijos fijó por 180 días una cuota alimentaria provisoria del 20% de los ingresos del denunciado, con un mínimo equivalente al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil, más las asignaciones familiares que perciba. La prestación debe depositarse del día 1 al 10 de cada mes.

El Juzgado de Familia de Bariloche dispuso convalidar la internación involuntaria de [APOYOS_Y_FAMILIARES_O_TERCEROS_1], dispuesta por el equipo de salud mental del [LUGAR_1] para su resguardo, estabilización clínica y articulación interinstitucional. La decisión tuvo en cuenta que el informe interdisciplinario cumplía los recaudos legales y señalaba un riesgo cierto e inminente para la adolescente. También dejó constancia del alta y reingreso ocurridos el mismo día y ordenó comunicar la resolución al servicio de salud mental, al órgano de revisión y a la unidad procesal interviniente.

La Unidad Procesal de Familia de General Roca admitió parcialmente la revocatoria del progenitor y publicó una resolución de legalidad, pero mantuvo reservados los datos de la familia de acogimiento. Rechazó, en cambio, el pedido de revinculación, el levantamiento total de la reserva y el planteo de nulidad. Consideró que la reserva había sido solicitada reiteradamente por el organismo de protección, que esas decisiones estaban precluidas y que el cuestionamiento posterior era extemporáneo. La publicación parcial permite conocer la resolución sin revelar datos protegidos.

El Juzgado de Familia subrogante fijó una cuota alimentaria provisoria a cargo de [DEMANDADO_1] en favor de su hija adolescente [FAMILIAR_1]. La prestación equivale al 70 % del Salario Mínimo Vital y Móvil y debe depositarse del día 1 al 10 de cada mes. Tendrá una vigencia máxima de seis meses y no incluye asignaciones familiares, ayuda escolar ni escolaridad, que también deberán aportarse. La decisión se fundó en la canasta básica, el aumento del costo de vida y la falta de información sobre el caudal económico del alimentante.

La Unidad Procesal de Familia de General Roca ratificó y amplió medidas preventivas respecto de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]. Dispuso su exclusión de la vivienda compartida con [DENUNCIANTE_1], prohibió el acceso al domicilio y fijó un perímetro de 200 metros respecto de la denunciante. También ordenó rondines por 30 días y la restitución de efectos personales del denunciado mediante una tercera persona. Las medidas regirán hasta que existan elementos que permitan modificarlas y su incumplimiento puede dar lugar a una causa por desobediencia.

El Juzgado de Paz de Campo Grande desestimó la denuncia y rechazó la prohibición de acercamiento solicitada por [DENUNCIANTE_1] contra [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]. Evaluó cautelarmente el episodio relatado y entendió que se trató de un hecho puntual, sin antecedentes ni indicadores objetivos de un riesgo actual o inminente que justificaran restringir derechos bajo la Ley 3040. La decisión aclaró que ello no minimiza el conflicto ni impide una nueva intervención si aparecen hechos posteriores. Las actuaciones fueron elevadas a la Unidad Procesal de Familia de Cipolletti.

El Juzgado de Familia de Villa Regina fijó una cuota alimentaria provisoria mensual a cargo de [DENUNCIANTE_1] en beneficio de sus hijos [FAMILIAR_1] y [FAMILIAR_2]. La prestación equivale al 25% de sus ingresos, con un piso de un Salario Mínimo Vital y Móvil, y debe depositarse del día 1 al 10 de cada mes desde agosto de 2026. La decisión respondió a la vulnerabilidad económica informada y al carácter urgente de la asistencia. En cambio, rechazó suspender el régimen de comunicación, al considerar que en esa instancia no estaban reunidos los requisitos cautelares para hacerlo.