Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Familia dispuso mantener durante 90 días las medidas cautelares previamente dictadas y ordenó a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] cumplir estrictamente la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros respecto de [DENUNCIANTE_1]. También le prohibió incidentes, agravios, hostigamientos y contactos por cualquier medio. La decisión fue adoptada tras la denuncia y la remisión del Juzgado de Paz, con el objetivo preventivo de evitar nuevos episodios de violencia familiar. El incumplimiento puede motivar intervención fiscal por desobediencia judicial.

El Juzgado de Familia dispuso por 90 días excluir del hogar a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y prohibirle reingresar. También ordenó que mantenga una distancia mínima de 500 metros respecto de [APOYOS_Y_FAMILIARES_O_TERCEROS_1], su domicilio y sus lugares de trabajo y esparcimiento, y que se abstenga de todo contacto o acto molesto por medios presenciales o digitales. Además le impuso iniciar tratamiento psicoterapéutico y acreditar su evolución. La exclusión puede efectivizarse con auxilio policial, bajo apercibimiento de intervención fiscal por desobediencia judicial.

El Juzgado de Familia ordenó considerar legal la internación involuntaria de [APOYOS_Y_FAMILIARES_O_TERCEROS_1] en el Servicio de Salud Mental del Hospital de Cipolletti, desde la fecha consignada en la resolución. La decisión controló judicialmente la medida adoptada por el equipo sanitario conforme a la Ley 26.657. El tribunal tuvo en cuenta los informes del servicio de salud mental, la intervención de la defensa pública y las demás constancias del expediente, y concluyó que la internación estaba ajustada a derecho y orientada a la protección integral de la persona internada.

La Unidad Procesal de Familia dispuso mantener la prohibición de acercamiento del denunciado respecto de la denunciante, su domicilio y cualquier lugar donde ella se encuentre, con un radio de 200 metros. La medida fue adoptada con carácter preventivo a partir de una nueva denuncia que refiere indicadores de violencia física y psicológica. También ordenó que el denunciado se abstenga de actos molestos o perturbadores por cualquier medio. La protección continuará hasta que existan elementos que permitan modificarla, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.

El Juzgado de Familia dispuso por 90 días excluir del hogar a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y prohibirle reingresar al domicilio de [DENUNCIANTE_1]. También ordenó una prohibición de acercamiento inferior a 500 metros respecto del denunciante, su vivienda y sus lugares de trabajo y esparcimiento, junto con la abstención de todo contacto o acto molesto por medios presenciales o digitales. La resolución reiteró el cumplimiento del tratamiento previamente ordenado y autorizó las diligencias necesarias para efectivizar la exclusión, con intervención policial y apercibimiento por desobediencia judicial.

El Juzgado de Familia dispuso ratificar por 90 días las medidas de protección dictadas a favor de [DENUNCIANTE_1], incluida la prohibición de acercamiento de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] a menos de 200 metros y la prohibición de actos de turbación o molestia. También mantuvo durante tres días el rondín policial y ordenó al denunciado iniciar tratamiento psicoterapéutico y acreditar su evolución. La decisión se apoyó en el informe interdisciplinario, que describió indicadores compatibles con violencia psicológica, emocional y sexual digital y recomendó sostener las medidas preventivas.

La Unidad Procesal de Familia declaró su incompetencia territorial para intervenir en la situación de [VÍCTIMA_1] y ordenó remitir copia certificada del expediente al Juzgado de Familia en turno de San Miguel de Tucumán. La decisión tuvo en cuenta que la joven reside actualmente en esa ciudad y que el juez próximo a su centro de vida se encuentra en mejores condiciones para brindar tutela efectiva. El tribunal aplicó los principios de interés superior, inmediatez, celeridad y economía procesal, sin resolver el fondo de la situación denunciada.

El Juzgado de Familia rechazó encuadrar el conflicto denunciado como violencia familiar y ordenó archivar las actuaciones. La decisión se apoyó en el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario, que no encontró elementos compatibles con una relación de dominación, poder o vulnerabilidad entre las partes. El tribunal entendió que los hechos reflejaban una problemática y tensión familiar, pero no el fenómeno específico previsto por la Ley 3040. Las partes fueron orientadas a promover sus pretensiones por la vía legal que corresponda y con patrocinio letrado.

El Juzgado de Familia fijó alimentos provisorios equivalentes a dos salarios mínimos vitales y móviles para cinco integrantes jóvenes del grupo familiar, desde agosto de 2026 y por seis meses, pagaderos del 1 al 10 de cada mes. Además amplió por 90 días la exclusión del hogar y las prohibiciones de acercamiento y contacto respecto de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1], con radio de 500 metros, y reiteró tratamientos psicoterapéuticos. La cuota urgente se fundó en las necesidades presumidas de los hijos, el cuidado a cargo de la progenitora y la falta de acreditación del caudal económico del alimentante.

El Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo ordenó el cese recíproco de todo acto de perturbación o intimidación entre [DENUNCIANTE_1] y las tres personas denunciadas. La prohibición comprende incidentes, agravios, hostigamientos y reclamos personales, tanto de modo presencial como mediante redes sociales, mensajes o llamadas. La medida es provisoria y se adoptó tras una denuncia por un episodio que habría causado afectación psicológica y emocional, en un contexto con otras medidas protectorias vigentes. La causa será remitida al Juzgado de Familia para su continuidad.