Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Paz dispuso mantener la exclusión del hogar de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y ordenó una prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de [DENUNCIANTE_1], sus hijos y el domicilio familiar. Durante 90 días deberá abstenerse de actos de violencia, incidentes, agravios, reclamos y publicaciones que afecten la privacidad del grupo familiar. La resolución fue adoptada con carácter preventivo a partir de la denuncia y sin decidir el fondo de los hechos. También dio intervención al sistema territorial de género para el acompañamiento correspondiente.

El Juzgado de Paz ordenó medidas preventivas por 90 días respecto de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]. Le prohibió ejercer violencia o realizar publicaciones que afecten a [DENUNCIANTE_1] y a sus hijos, y dispuso un radio de alejamiento de 200 metros respecto de ellos, su vivienda y los establecimientos educativos. La resolución respondió a una denuncia sobre agresiones y riesgo dentro del grupo familiar, sin decidir el fondo de los hechos. También dio intervención al sistema territorial de género y a la SENAF para acompañar a la familia y adoptar medidas de protección respecto de los niños.

La Unidad Procesal de Familia decretó por 90 días la prohibición de acercamiento de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_2] respecto de [DENUNCIANTE_1], su domicilio y cualquier lugar donde éste se encuentre, con un radio de 200 metros. También le ordenó abstenerse de actos molestos o perturbadores por contacto directo, teléfono o medios virtuales. La medida fue dictada con carácter preventivo a partir de una nueva denuncia incorporada al expediente y bajo apercibimiento de desobediencia judicial. La causa fue acumulada a actuaciones anteriores y recaratulada para incluir al nuevo denunciado.

La Unidad Jurisdiccional admitió el amparo promovido en representación de [FAMILIAR_1] y ordenó a IPROSS otorgar en cinco días cobertura integral del tratamiento intensivo del habla prescripto, incluido el turno del 28 de julio al 2 de agosto de 2026 y los tratamientos sucesivos, hasta dos veces al año mientras subsista la indicación médica. La prueba acreditó que el abordaje especializado era necesario, que no existían centros equivalentes en la región y que la alternativa ofrecida no era adecuada. La negativa de la obra social fue considerada arbitraria frente al derecho a la salud del niño con discapacidad. Se impusieron costas y astreintes de $250.000 por cada día de demora.

El Juzgado de Familia ratificó la decisión del Juzgado de Paz y ordenó archivar las actuaciones porque los hechos denunciados no configuraban violencia familiar en los términos de la Ley 3040. La resolución consideró que las conductas relatadas podían generar molestia o conflicto, pero no mostraban una relación de dominación capaz de producir el daño específico que habilita esta vía protectoria. Se indicó a la persona denunciante que, para sostener las pretensiones planteadas, deberá promover las acciones legales que correspondan con patrocinio letrado.

La Unidad Procesal de Familia dispuso mantener vigentes las prohibiciones de acercamiento dictadas entre [DENUNCIANTE_1] y [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] en un expediente anterior. Ordenó a ambas partes cumplirlas y respetarlas, y señaló que cualquier nueva medida o petición deberá formularse en aquellas actuaciones con patrocinio letrado. La resolución respondió a una nueva denuncia, vinculó los expedientes relacionados y, una vez practicadas las notificaciones personales, ordenó archivar esta causa. No se dictaron nuevas restricciones ni se resolvió el fondo de los hechos denunciados.

El Juzgado de Paz dispuso como medida cautelar una prohibición de acercamiento de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] respecto de [DENUNCIANTE_1], su grupo familiar, domicilio y local comercial, con una distancia mínima de 100 metros. También ordenó que se abstenga de incidentes, agravios, hostigamientos o reclamos por cualquier medio. La medida preventiva respondió a la denuncia contravencional sobre episodios de intimidación en el domicilio de la denunciante y se dictó bajo apercibimiento de desobediencia judicial y de dar intervención al Ministerio Público Fiscal.

El Juzgado de Familia rectificó el domicilio consignado en una resolución del 7 de julio de 2026 que había renovado medidas de protección. La corrección mantiene sin cambios sustanciales la prohibición cautelar de acercamiento de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] respecto de [DENUNCIANTE_1], su domicilio correcto y los lugares donde desarrolla actividades, dentro de un radio de 500 metros. La aclaratoria se limitó a sustituir el dato material indicado por el recurrente y no modificó el alcance ni el contenido de la medida protectoria previamente dispuesta.

El Juzgado de Familia dispuso una prohibición de acercamiento de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] respecto de sus hijas [VÍCTIMA_2] y [VÍCTIMA_3], sus domicilios y los lugares donde se encuentren, con un radio de 500 metros. La restricción continuará hasta que acredite el tratamiento terapéutico ordenado y su resultado favorable. La decisión cautelar atendió al interés superior de las niñas y al dictamen de la Defensoría de Menores, aun cuando la causa penal vinculada estaba archivada. El incumplimiento puede dar lugar a actuaciones por desobediencia judicial.

El Juzgado de Paz dispuso por 90 días una prohibición de acercamiento de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] respecto de [DENUNCIANTE_1] y su hija [VÍCTIMA_1], con una distancia mínima de 200 metros en domicilios y demás lugares públicos o privados. También ordenó abstenerse de hostigamientos o interferencias y dio intervención a los servicios de salud mental y social para ofrecer acompañamiento. Las medidas son preventivas y se basan en la denuncia presentada en representación de la adolescente; su seguimiento quedó remitido al Juzgado de Familia de San Antonio Oeste.