Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Paz rechazó una denuncia de violencia familiar presentada por [DENUNCIANTE_1] contra [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]. Entendió que, del relato, la cuestión subyacente era el incumplimiento de un acuerdo de división de bienes y no una situación encuadrable en la Ley Provincial D.3040. Indicó que la parte debía acudir por la vía judicial pertinente para defender sus derechos. También ordenó poner la decisión en conocimiento de la Unidad Procesal de Familia en turno y elevar la causa.

El Juzgado de Paz de General Fernández Oro dispuso medidas de protección en una denuncia de violencia familiar. Prohibió a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] acercarse a [DENUNCIANTE_1], a 500 metros del domicilio donde se encuentre y a distancia prudencial en lugares públicos o privados, por 90 días. También le prohibió actos de agresión, hostigamiento o comunicaciones agraviantes por teléfono, mensajes o redes sociales. Ordenó entrevistas para ambas partes y elevó lo actuado a la Unidad de Familia correspondiente.

El Juzgado de Paz de Allen ordenó remitir una causa de violencia a la Oficina de Tramitación Integral de Familia de General Roca. La decisión se fundó en la existencia de actuaciones conexas ya tramitadas ante el fuero de Familia y en la necesidad de evitar la atomización de procesos o resoluciones contradictorias. La orden dispuso el pase de la totalidad de las actuaciones para que el expediente sea radicado ante la Unidad Procesal correspondiente por razones de conexidad.

El Juzgado de Paz ordenó medidas protectorias en una denuncia de violencia familiar. Dispuso que [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] se abstenga de ejercer actos de violencia contra [DENUNCIANTE_1], de producir incidentes o agravios y de realizar reclamos personales por cualquier vía. También prohibió su acercamiento en un radio de 100 metros respecto de la denunciante y de su domicilio. Las medidas rigen por 90 días. Además, ordenó intervención del Sistema de Abordaje Territorial, oficio a la Comisaría de la Familia y elevación posterior al Juzgado de Familia N° 9.

El Juzgado de Paz dispuso medidas cautelares en una denuncia de violencia familiar. Ordenó la exclusión del hogar familiar de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y una prohibición de acercamiento a [DENUNCIANTE_1] y a su vivienda, con distancia no menor a QUINIENTOS (500) metros. También ordenó tratamiento psicoterapéutico obligatorio para el denunciado, asistencia médica o psicológica para la denunciante, rondines policiales por QUINCE (15) DÍAS y acompañamiento para efectivizar la exclusión. Las medidas son provisorias y rigen por NOVENTA (90) DÍAS.

La jueza declaró procedente el amparo promovido por [ACTOR_1] en representación de [ACTOR_2] contra I.PRO.S.S. Ordenó al Instituto Provincial del Seguro de Salud que, en el término de DIEZ días, adopte medidas concretas, efectivas y razonables para que el amparista cuente con los materiales solicitados por el Dr. Matías Jorge y pueda acceder a la cirugía requerida. La sentencia tuvo por configurada una conducta arbitraria de la obra social, porque no se acreditó ningún trámite administrativo útil ni gestiones oportunas para cumplir la prestación. Además, fijó apercibimiento de astreintes de $200.000.- por cada día de retardo a favor del actor si no cumple en el plazo.

La jueza dispuso acumular una nueva denuncia de violencia familiar al expediente RO-02127-F-2026. La resolución tuvo alcance registral y no dictó medidas protectorias nuevas: recibió la denuncia de la Comisaría de la Familia, habilitó feria judicial y ordenó que las actuaciones se acumulen al trámite ya indicado por tratarse de la misma conflictiva procesal. También dejó constancia de la carátula y del expediente al que se remiten las actuaciones para continuar el trámite.

El Juzgado de Paz rechazó adoptar medidas urgentes en una denuncia de violencia familiar y ordenó remitir las actuaciones a la Unidad Procesal de Familia en turno de General Roca. La resolución indicó que no existían medidas urgentes para tomar en razón de la denuncia de [DENUNCIANTE_1] y que el propio denunciante manifestó la existencia de un proceso en curso. La decisión tuvo alcance procesal y no resolvió el fondo de la problemática familiar o alimentaria referida en el texto.

La jueza ordenó librar oficio al Banco Patagonia y tuvo presente el acuerdo alcanzado entre las partes en un proceso de daños y perjuicios por Ley 24240. La resolución indicó que el acuerdo adquiere fuerza de sentencia para su ejecución en caso de incumplimiento. Reguló honorarios de los Dres. Alejandro Diez y Pablo Spieser Riquelme en conjunto en el 17% del monto base acordado, más el 40% por apoderados, sobre MB $6.000.000. También ordenó estar al 5% de $10.369.667,40 para el perito Aldo Fabián Capitán y liquidar impuestos y sellados.

La jueza de familia dictó medidas cautelares en una denuncia de violencia familiar. Ordenó a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] no realizar actos de violencia de ningún tipo contra [DENUNCIANTE_1], prohibió su acercamiento en un radio de 300 metros respecto de la denunciante y de su domicilio, y autorizó a [DENUNCIANTE_1] a retirar efectos personales con acompañamiento policial. Las medidas rigen hasta el día 21/10/2026. La resolución también dispuso intervención policial ante incumplimientos y asistencia letrada para las partes.