Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Paz de Allen decretó medidas urgentes en una denuncia de violencia familiar. Ordenó la exclusión del hogar de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1], autorizó el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la medida y dispuso el reintegro de [DENUNCIANTE_1] a la vivienda. También fijó prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de la denunciante y del lugar donde se encuentre, ordenó abstenerse de actos perturbadores o reclamos por vías no legales, y dispuso rondines policiales. Las medidas se adoptaron para prevenir nuevas situaciones de violencia y preservar la integridad psicofísica de la denunciante, bajo apercibimiento de intervención penal por desobediencia.

La Cámara Primera del Trabajo de General Roca reguló honorarios profesionales en un proceso contencioso administrativo contra la Provincia de Río Negro. Fijó a favor del Dr. Juan Eduardo Donoso, por la parte actora, la suma de $1.219.498, equivalente a 10 JUS más el 40%, y aclaró que no corresponde regular honorarios a los representantes de Fiscalía de Estado por aplicación de la Ley 88 y el Código Procesal Administrativo. La decisión se dictó después de que existiera base para la regulación, tomando en cuenta el importe pecuniario del proceso, la importancia, calidad y extensión de los trabajos. También ordenó oficiar al Ministerio de Hacienda para el depósito en la cuenta judicial.

El Juzgado de Familia de Viedma dictó medidas cautelares en favor de [DENUNCIANTE_1] y de [FAMILIAR_1] y [FAMILIAR_2] contra [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]. Prohibió al denunciado realizar actos de violencia por cualquier medio, fijó un perímetro de 50 metros respecto de la denunciante y su domicilio, y de 300 metros respecto de [FAMILIAR_1], [FAMILIAR_2] y su domicilio. También ordenó rondas policiales periódicas. La resolución tuvo carácter provisorio, cautelar y preventivo, orientado a resguardar la integridad psicofísica de la denunciante y a pacificar la conflictiva familiar, sin pronunciarse sobre el fondo de los hechos denunciados.

El Juzgado de Paz de Ingeniero Jacobacci ratificó medidas preventivas dictadas telefónicamente en una denuncia de violencia familiar. Ordenó al denunciado abstenerse de actos de violencia, hostigamiento o contacto contra la denunciante y su grupo familiar, fijó una prohibición de acercamiento de 300 metros y dispuso abordaje terapéutico o psicológico dentro de las 48 horas. La resolución tuvo carácter provisorio y cautelar, orientado a resguardar la integridad de la denunciante mientras intervienen los organismos competentes. También requirió informes del área de salud mental y dejó advertido que las medidas se dictan bajo el marco de la Ley 4241.

La Cámara Civil, Comercial, de Familia, Minería y Contencioso Administrativa rechazó la recusación formulada en un incidente de medida autosatisfactiva y dispuso que la magistrada continúe interviniendo. El planteo se vinculaba con una providencia anterior dictada en resguardo del interés superior de [ACTOR_1]. La Cámara entendió que esa actuación era una actividad jurisdiccional propia y no configuraba causal suficiente de apartamiento. También recordó el criterio restrictivo sobre recusaciones fundadas en opiniones o decisiones tomadas en ejercicio de la función judicial. La resolución no decidió la medida autosatisfactiva de fondo, sino la continuidad de la jueza en el expediente y el rechazo del apartamiento solicitado por una de las partes.

La Secretaría del proceso de ejecución de alimentos reguló honorarios profesionales en favor de los letrados de la parte alimentada. Fijó en conjunto para los Dres. Avilés y Massimino una suma equivalente a 3 JUS, con los aportes de Caja Forense e IVA que correspondan, y adicionó un 40% al monto correspondiente al Dr. Massimino por su actuación como apoderado. La resolución ordenó el pago dentro de los diez días de notificada e impuso las costas al alimentante. La base regulatoria fue la planilla aprobada por $1.232.971,88, pero la decisión se concentró en la justa composición de honorarios por la labor profesional.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos dictó una medida protectoria recíproca en denuncias cruzadas de violencia familiar. Ordenó a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y [DENUNCIANTE_1] mantenerse a no menos de 500 metros de la otra parte, de sus domicilios y de los lugares donde se encuentren o transiten, y abstenerse de incidentes, agravios, hostigamiento o reclamos por cualquier medio. También dispuso tratamientos psicoterapéuticos obligatorios en salud mental y confirmó el retiro excepcional de pertenencias personales ordenado previamente. La medida se fijó por noventa días, con carácter provisorio, ante indicadores de riesgo intrafamiliar y bajo apercibimiento de intervención penal por desobediencia.

El Juzgado de Familia de Cipolletti se declaró incompetente para intervenir en un proceso de cuidado personal y ordenó remitir las actuaciones al juzgado competente de la provincia de Neuquén. La decisión no resolvió el cuidado personal de fondo, sino la jurisdicción, a partir del centro de vida de [FAMILIAR_1]. El tribunal siguió los dictámenes de la Fiscalía y la Defensoría de Menores, y valoró que el entorno cotidiano, vínculos y continuidad de vida del niño se ubicaban en San Martín de los Andes. También reguló honorarios de las letradas patrocinantes de ambas partes por $261.321,00, equivalentes a 3 IUS para cada una.

El Juzgado de Familia de Cipolletti se declaró incompetente para continuar en un proceso de alimentos y ordenó remitir las actuaciones al juzgado de familia con competencia en la provincia de Neuquén. La decisión no fijó cuota alimentaria ni resolvió el fondo del reclamo: definió la jurisdicción a partir del centro de vida de [FAMILIAR_1]. El tribunal siguió los dictámenes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría de Menores, y consideró que los vínculos, entorno cotidiano y continuidad de vida del niño se ubicaban en San Martín de los Andes. También reguló honorarios de las letradas intervinientes e intimó a la actora a percibir fondos depositados en la cuenta judicial.

El Juzgado de Ejecución Penal declaró cumplidas las reglas de conducta impuestas a [CONDENADO_1] y agotado el plazo de dos años fijado en la condena de ejecución condicional. La resolución no modificó la condena, sino que cerró el control de pautas dentro del legajo de ejecución. Además hizo saber el régimen del art. 27 del Código Penal sobre los efectos de una nueva condena, remitió las actuaciones a la Fiscalía de Allen y comunicó al IAPL de General Roca que cesó su intervención. La decisión se apoyó en el vencimiento del plazo y en el cumplimiento informado de las pautas impuestas.