Fallos jurisdiccionales

La jueza de feria ordenó archivar la causa iniciada por M.M.F. contra G.P.A. y hacer saber al denunciante que, si lo considera necesario, debe promover el trámite principal de régimen de comunicación. La decisión entendió que la denuncia exponía una problemática vinculada con la comunicación respecto de hijos menores y no una situación que debiera continuar por el procedimiento cautelar de violencia familiar.

La jueza de feria dispuso por 90 días una prohibición de acercamiento contra [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] respecto de [DENUNCIANTE_1]. Fijó una distancia de 500 metros de la denunciante, su residencia y los lugares donde se encuentre, y prohibió incidentes, hostigamiento o contactos por cualquier medio. También ordenó al denunciado concurrir al servicio de salud mental para tratamiento y aclaró que la restricción no alcanza al régimen de comunicación con los hijos comunes. La medida puede revisarse si el tratamiento resulta beneficioso.

La jueza de familia dispuso prohibiciones recíprocas entre las partes a partir de las denuncias cruzadas del 10 de julio de 2026. Ordenó que ambas se abstengan de actos violentos, perturbadores, ingresos a los espacios de residencia y contactos personales o digitales que incomoden a la otra. Advirtió que el incumplimiento puede dar intervención penal por desobediencia y requirió a la Comisaría de la Familia colaborar en el control de las medidas. Las restricciones son cautelares y recíprocas.

La jueza de paz dispuso medidas cautelares para proteger a [VÍCTIMA_1] ante la denuncia formulada por [DENUNCIANTE_1]. Ordenó excluir a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] de la vivienda, prohibirle acercarse a menos de 200 metros o realizar actos perturbadores y dar intervención a SENAF. Autorizó al denunciado a retirar únicamente efectos personales con presencia policial. Las medidas rigen desde la notificación y hasta que intervenga la Unidad Procesal de Familia de General Roca. El retiro no comprende otros bienes del domicilio.

La jueza de feria dispuso mantener hasta el 11 de octubre de 2026 las medidas cautelares de protección adoptadas ante la denuncia de [DENUNCIANTE_1] contra [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]. Las órdenes comprenden restricciones de acercamiento y contacto, y la intervención policial mediante rondas durante cinco días. También ordenó la asistencia del Sistema de Abordaje Territorial y advirtió que el incumplimiento puede motivar una causa por desobediencia judicial. La resolución preservó el carácter provisorio de las órdenes y su revisión posterior por el juzgado.

La jueza amplió las medidas cautelares dictadas ante la denuncia de [DENUNCIANTE_1] y ordenó su reingreso al hogar una vez excluido [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1], con intervención policial y del Sistema de Abordaje Territorial. También intimó al denunciado a acreditar en diez días el inicio de tratamiento psicológico y fijó audiencias separadas para el 23 de julio de 2026. La resolución mantuvo las restantes medidas protectorias y su plazo de vigencia. El tratamiento puede cumplirse en el ámbito público o privado.

La jueza de familia dispuso por 90 días medidas preventivas en favor de [DENUNCIANTE_1]. Prohibió a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] acercarse a menos de 500 metros de la denunciante, su domicilio y sus lugares de trabajo o esparcimiento, y ordenó abstenerse de actos violentos, perturbadores o contactos por cualquier medio. La decisión advirtió que el incumplimiento puede dar intervención penal por desobediencia y requirió colaboración policial para controlar las medidas. Las restricciones alcanzan también las comunicaciones directas e indirectas.

La jueza de feria dispuso mantener las medidas cautelares adoptadas ante denuncias recíprocas entre [DENUNCIANTE_1] y [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1], vigentes hasta el 9 de octubre de 2026. Las órdenes comprenden restricciones de acercamiento y comunicación, mientras la vinculación con el niño queda a cargo de SENAF. También ordenó intervenciones de SENAF y del Sistema de Abordaje Territorial para informar sobre el grupo familiar, sostener las medidas y evaluar otras acciones de protección. La resolución conserva su naturaleza provisoria y preventiva.

La Unidad Jurisdiccional N.° 5 de General Roca hizo lugar a la demanda de escrituración promovida por [ACTOR_1] y condenó a [DEMANDADO_1] y [DEMANDADO_2] a otorgar la escritura traslativa de dominio del inmueble identificado con nomenclatura catastral 17-1-C-406-04. La sentencia interpretó que el instrumento privado denominado cesión de derechos reflejaba, por su contenido y finalidad económica, una compraventa inmobiliaria que generaba una obligación de hacer. Tuvo por acreditados el contrato, la legitimación de las partes, el vencimiento del plazo y el incumplimiento. La escritura deberá otorgarse dentro de los cuarenta y cinco días desde que quede firme la decisión; ante el incumplimiento podrán aplicarse astreintes o firmarla el juez a costa de los obligados. Impuso las costas a la parte demandada y difirió la regulación de honorarios hasta establecer la base correspondiente.

El Juzgado de Ejecución Penal N.° 8 rechazó la solicitud de libertad condicional de [CONDENADO_1]. Consideró que el régimen progresivo estaba interrumpido por la revocación de las salidas transitorias, que el interno no reunía las calificaciones necesarias para retomarlas y que tampoco se había cumplido el programa de prelibertad. Valoró además los dictámenes desfavorables del área social y del Cuerpo de Investigación Forense, junto con una sanción disciplinaria. También dispuso dar intervención al director del Servicio Penitenciario Provincial por la actuación profesional indicada en la resolución.