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El caso: Una persona demandó a la municipalidad por lesiones sufridas en un accidente de bicicleta debido a la mala iluminación y el mal estado de la calle. Resolución: Se condenó a la demandada a indemnizar a la actora con un total de $9.955.973,76 por daños físicos, gastos médicos y daño moral. Argumentos jurídicos: Se invocaron principios de responsabilidad del Estado por falta de servicio, conforme a los arts. 1113 y 1114 del Código Civil.

El Tribunal Superior de Justicia desestimó la presentación de la actora, argumentando que no se demostró la gravedad institucional alegada y que la solicitud de un "per saltum" no se ajusta a los procedimientos establecidos. La actora había denunciado violaciones a sus derechos humanos y violencia institucional tras su destitución como Jueza Multifueros en 2013, solicitando que se le restablecieran sus derechos. El Fiscal General Subrogante recomendó que la acción se tramitara como un amparo en primera instancia,…

164449 - INTERLOCUTORIAS SALA 1

La Cámara de Apelaciones decidió confirmar la intimación del juez de grado, estableciendo que el agotamiento de la vía administrativa ante la Comisión Médica Jurisdiccional era un requisito exigible para la demanda interpuesta por la actora contra la aseguradora. La discusión jurídica se centró en la operatividad de la ley provincial 3141, que regula el acceso a estas comisiones. La Cámara determinó que, tras la publicación del Decreto provincial 1618/25, la ley era plenamente operativa, por lo que no se aplicaba…

La Cámara decidió confirmar la sentencia apelada, manteniendo la exigencia de la interpelación fehaciente como condición para habilitar la vía ejecutiva en el cobro de expensas comunes por parte del Consorcio de Propietarios. La discusión jurídica se centró en la validez del reglamento de copropiedad, que establece la notificación previa como un requisito indispensable, a pesar de la mora automática. El tribunal concluyó que la mora no exime al Consorcio de cumplir con esta obligación, reafirmando que el…

La Cámara decidió revocar la sentencia apelada, permitiendo que el caso continúe y se examine la medida cautelar solicitada por la actora. La decisión de la jueza de primera instancia fue anulada, ya que se consideró que el rechazo in limine de la demanda no era procedente, dado que existía una duda razonable sobre la improponibilidad de la misma. La discusión jurídica central se centró en la validez del contrato de reserva de compraventa y la pérdida de la posesión del inmueble, que debía ser evaluada en el…

La Cámara decidió confirmar la sentencia apelada, manteniendo la obligación de la Municipalidad de proporcionar un espacio habitacional a la persona con discapacidad, sin imponer condiciones. La decisión se basa en que la responsabilidad de garantizar el acceso a una vivienda digna recae en el Estado, y la negativa de la Municipalidad vulnera derechos fundamentales. Los argumentos jurídicos centrales incluyen la interpretación de la Ley Nacional de Salud Mental, que prohíbe la internación por razones sociales, y…

La Cámara Provincial de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, manteniendo la decisión del Juzgado de Primera Instancia que suspendió el proceso de ejecución de honorarios de la actora contra la aseguradora, en el marco de la liquidación judicial de esta última. La Cámara resolvió que la actora debía seguir el procedimiento de verificación de créditos establecido por la Ley de Concursos y Quiebras, dado que la liquidación implicaba la suspensión de acciones individuales. Se destacó que los fondos embargados…

La Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia decidió revocar la sentencia apelada, que había declarado la caducidad de instancia en un proceso de prescripción adquisitiva. La Cámara consideró que la caducidad de instancia de oficio es inconstitucional, ya que vulnera el debido proceso y la imparcialidad del juez. En su análisis, se destacó que el juzgado no evaluó adecuadamente la conducta de la actora ni las particularidades del caso, que involucraba a numerosos…

La Cámara decidió revocar la sentencia apelada y conceder la medida cautelar solicitada por la actora, permitiendo el cese de reclamos de deuda y la rectificación de su calificación crediticia, bajo la condición de que la actora preste caución juratoria. Los argumentos jurídicos se centraron en la verosimilitud del derecho de la actora, quien alegó un perjuicio irreparable ante la posibilidad de ejecuciones de deudas y acumulación de intereses. La Cámara estableció que la verosimilitud no requiere certeza…