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Con la conformidad de la Defensoría de Menores e Incapaces y acreditada la legitimación de las partes respecto del niño, el juzgado homologó en todos sus términos el acuerdo alcanzado en el CIMARC. También intimó al demandado a cumplir estrictamente lo pactado sobre el sistema de comunicación, bajo apercibimiento de sanciones, y dispuso costas a su cargo y regulación provisoria de honorarios. La resolución tuvo alcance homologatorio y cerró el incidente sin debate de fondo.
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La Agencia de Recaudación Tributaria impulsó ejecución fiscal con título ejecutivo. El juzgado dictó sentencia monitoria, ordenó llevar adelante la ejecución por $ 2.107.840,88 de capital, más $ 1.337.304,94 provisionales por intereses y costas, y trabó embargo sobre saldos bancarios de la demandada. También dispuso abrir la cuenta judicial, impuso costas, habilitó diez días para pagar u oponer excepciones y reguló honorarios en forma provisoria.
La Agencia de Recaudación Tributaria promovió ejecución fiscal con título ejecutivo y solicitó embargo de automotores. El juzgado tuvo por cumplidos los recaudos, dictó sentencia monitoria y ordenó llevar adelante la ejecución por $ 3.487.038,91 de capital, más $ 2.026.903,96 provisionales por intereses y costas. También trabó embargo sobre los vehículos denunciados, impuso costas a la ejecutada, fijó cinco días para pagar u oponer excepciones y reguló honorarios provisoriamente.
Ante la carta de pago del actor y los trabajos realizados en la etapa de cumplimiento de la sentencia, el juzgado reguló los honorarios del abogado interviniente en 4 jus, equivalentes a $323.868. La decisión tuvo alcance estrictamente regulatorio y dispuso notificar, registrar y protocolizar lo resuelto.
La Agencia de Recaudación Tributaria promovió ejecución fiscal con título ejecutivo. El tribunal dictó sentencia monitoria, ordenó llevar adelante la ejecución por $ 3.868.902,72 de capital, más intereses y costas, y fijó una suma provisoria para esas contingencias. Además dejó habilitada la vía de excepciones dentro de cinco días, impuso costas y reguló honorarios en forma conjunta. También habilitó, si se solicitan, medidas de embargo sobre bienes o cuentas.
La parte actora promovió ejecución de un pagaré derivado de una relación de consumo. El juzgado verificó los recaudos formales y, al considerar que los intereses pactados no excedían el límite de referencia utilizado por el tribunal, dictó sentencia monitoria. Ordenó llevar adelante la ejecución por $ 670.622,09 sujeto a liquidación final, trabó embargo sobre los haberes de la demandada, impuso costas, habilitó cinco días para pagar u oponer excepciones y reguló honorarios provisoriamente. También autorizó a la OTICCA a suscribir futuras órdenes de pago.
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