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El Juzgado de Paz de General Enrique Godoy hizo lugar en forma total al beneficio de litigar sin gastos solicitado por el actor para promover una acción de daños y perjuicios contra el Gobierno de la Provincia de Río Negro. El juzgado valoró la prueba testimonial e informativa y tuvo por acreditada una situación económica limitada, basada principalmente en una pensión por discapacidad, sin actividad laboral actual, sin inmuebles y sin bienes patrimoniales relevantes que demostraran capacidad para afrontar los gastos del proceso. La resolución destacó que el beneficio garantiza el acceso efectivo a la justicia y no exige indigencia absoluta. Difirió costas y honorarios hasta contar con base suficiente, y ordenó comunicar el otorgamiento a los organismos correspondientes y al juzgado donde tramita el proceso principal.
La Agencia de Recaudación Tributaria promovió ejecución fiscal con título ejecutivo y solicitó medidas cautelares. El juzgado tuvo por cumplidos los recaudos formales, dictó sentencia monitoria y ordenó seguir la ejecución por $ 3.816.892,69 de capital, más $ 2.191.830,84 provisionales por intereses y costas. También trabó embargo sobre los saldos bancarios denunciados, ordenó abrir la cuenta judicial, impuso costas a la ejecutada, fijó ocho días para pagar u oponer excepciones y reguló honorarios en forma provisoria.
El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de General Roca hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios por un accidente de tránsito y condenó al demandado y a Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, en la medida del seguro, a pagar $2.510.165,41 más intereses. El juzgado tuvo por acreditado que el vehículo del demandado embistió desde atrás al rodado del actor y descartó la culpa de la víctima, al considerar diligente la frenada realizada ante el cruce de un animal en zona urbana. Reconoció $2.060.165,41 por daños materiales y $450.000 por privación de uso. Las costas fueron impuestas a las demandadas y los honorarios se regularon en porcentajes sobre el monto base a determinar.
La Agencia de Recaudación Tributaria promovió ejecución fiscal con título ejecutivo y pidió medidas cautelares. El juzgado tuvo por cumplidos los recaudos formales, dictó sentencia monitoria y ordenó llevar adelante la ejecución por $ 3.979.195,59 de capital, más $ 2.272.982,30 provisionales por intereses y costas. También trabó embargo sobre el inmueble y los automotores denunciados, impuso costas a la ejecutada, fijó plazo de cinco días para pagar u oponer excepciones y reguló honorarios en forma provisoria.
La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal contra Bauca S.R.L. Ordenó llevar adelante la ejecución por $2.598.029,55 de capital, con más $1.582.399,28 presupuestados provisoriamente para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. Impuso las costas a la ejecutada y dispuso oficios de embargo sobre un inmueble y automotores hasta cubrir $4.747.197,82. También notificó el plazo de 9 días para pagar u oponer excepciones.
La Agencia de Recaudación Tributaria impulsó ejecución fiscal y acompañó el título ejecutivo. El juzgado verificó los recaudos de admisibilidad, dictó sentencia monitoria y llevó adelante la ejecución por $ 2.248.989,23 de capital, más $ 1.407.879,12 provisionales por intereses y costas. Además ordenó embargo sobre los inmuebles denunciados, impuso costas a la ejecutada, concedió diez días para cumplir o deducir excepciones y reguló honorarios provisoriamente.
El Juzgado de Paz de San Antonio Oeste dictó medidas protectorias en una denuncia de violencia. Ordenó al denunciado abstenerse de ejercer actos de violencia, producir incidentes, proferir agravios o efectuar reclamos personales por cualquier vía de comunicación, y le prohibió ingresar al domicilio de la denunciante o acercarse a ella si se encontraran en la vía pública. La resolución tuvo por finalidad prevenir el agravamiento o reiteración de los hechos denunciados y dispuso las medidas por 90 días, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y eventual intervención penal. Además, vinculó al Sistema de Abordaje Territorial, dio intervención a la Fiscalía Descentralizada por la posible comisión del delito de amenazas y ordenó elevar las actuaciones al juzgado competente.
La Agencia de Recaudación Tributaria impulsó ejecución fiscal con título ejecutivo. El juzgado dictó sentencia monitoria y ordenó llevar adelante la ejecución por $ 2.207.442,46 de capital, más intereses y costas. También fijó una suma provisoria para atender esas contingencias, abrió la vía de excepciones dentro de cinco días, impuso costas y reguló honorarios en forma conjunta. La resolución dejó habilitadas medidas cautelares sobre bienes o cuentas si la actora las solicita y denuncia.
Resumen IA pendiente
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