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El Juzgado de Paz de Cinco Saltos remitió una denuncia de violencia de género a la OTIL de la IV Circunscripción para que intervenga la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La presentación había sido realizada bajo la Ley 26.485 y el juzgado señaló que los hechos denunciados se habrían producido en el ámbito laboral, por lo que correspondía encauzar la competencia hacia el fuero laboral. La resolución destacó el deber de anonimización y el abordaje con perspectiva de género, evitando detallar hechos que pudieran revictimizar o identificar a las personas involucradas. También informó a la denunciante las vías para obtener patrocinio letrado o asistencia gratuita en caso de vulnerabilidad o falta de recursos.
La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria contra Carla Josefina Maina. Ordenó llevar adelante la ejecución hasta el pago del capital reclamado de $6.098.684,65, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $939.197,44 y fijó provisoriamente $3.518.941,04 para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. La resolución ordenó notificar a la ejecutada el plazo de 5 días para oponer excepciones.
El Juzgado de Paz de Cinco Saltos elevó una denuncia de violencia familiar a la Unidad Procesal de Familia N° 5 de Cipolletti, que ya intervenía en una causa vinculada entre las mismas partes. La decisión se fundó en economía procesal, inmediación y perpetuatio jurisdictionis, para evitar la dispersión de actuaciones familiares conexas. También hizo saber a la denunciante que, para continuar el trámite ante la unidad de familia, debía contar con patrocinio letrado. La resolución no trató el fondo ni fijó medidas sustantivas.
La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria contra Raúl Isaías Fuentes. Ordenó llevar adelante la ejecución hasta el pago del capital reclamado de $2.141.236,32, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $580.930 y fijó provisoriamente $1.354.002,66 para responder a intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. La resolución ordenó notificar al ejecutado el plazo de 5 días para oponer excepciones.
La Unidad Jurisdiccional Civil 31 de Choele Choel amplió la ejecución de honorarios promovida por el perito Jorge Arturo Bazzo contra Miguel Osvaldo Rivas. Ordenó llevar adelante la ejecución por honorarios complementarios de $1.112.354,41, con intereses moratorios desde la mora automática hasta el pago efectivo, costas de la ejecución y $375.000 presupuestados provisoriamente. Difirió la regulación de honorarios de esta etapa y notificó al ejecutado que cuenta con 5 días para pagar u oponer excepciones.
El Juzgado de Paz de General Conesa dictó medidas provisorias en una denuncia de violencia familiar. A partir de la denuncia formulada en sede policial, dispuso la prohibición de acceso de las personas denunciadas al domicilio del denunciante y fijó un perímetro de exclusión de 300 metros respecto de él, de su vivienda y de sus ámbitos de estudio, trabajo o esparcimiento. También prohibió actos molestos o perturbadores por cualquier medio, incluidas llamadas, mensajes, correo electrónico o redes sociales. Las medidas tendrán una vigencia de 90 días y fueron dictadas bajo apercibimiento de desobediencia judicial y de las sanciones previstas por la Ley D 3040. El juzgado ordenó notificar por la unidad policial y remitir las actuaciones al fuero de familia competente.
La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria contra Martiniano Ramón Romero. Ordenó llevar adelante la ejecución hasta el pago del capital reclamado de $2.292.099,04, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $580.930 y fijó provisoriamente $1.429.434,02 para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. También dispuso la notificación al ejecutado para que, dentro de 5 días, oponga las excepciones correspondientes bajo apercibimiento de ejecución.
La Agencia de Recaudación Tributaria promovió ejecución fiscal y pidió embargo sobre cuentas de la demandada. El juzgado tuvo por cumplidos los recaudos de admisibilidad, dictó sentencia monitoria y ordenó llevar adelante la ejecución por $ 3.458.617,96 de capital, más $ 2.012.693,48 provisionales por intereses y costas. Asimismo trabó embargo sobre saldos bancarios, impuso costas a la ejecutada, concedió ocho días para cumplir o discutir la sentencia y reguló honorarios provisoriamente.
La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal contra Cristina Natividad Vallejos Angela. Ordenó llevar adelante la ejecución por $2.498.779,76 de capital, con más $1.532.774,38 presupuestados provisoriamente para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. Impuso las costas a la ejecutada y dispuso oficios de embargo sobre un inmueble y un automotor hasta cubrir $4.598.323,14. También notificó el plazo de 5 días para pagar u oponer excepciones.
La Unidad Procesal de Familia N° 5 de Cipolletti dictó sentencia monitoria en un incidente de ejecución de alimentos. Ordenó llevar adelante la ejecución contra A.J.D. hasta pagar a G.L.J. $4.190.064,80 de capital, con más intereses, y $1.257.019,44 presupuestados provisoriamente para intereses, gastos y costas. Impuso las costas al ejecutado y difirió la regulación de honorarios. También ordenó notificarle el plazo de 5 días para depositar el monto reclamado u oponer excepciones.