Poder Judicial de Río Negro

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Bariloche dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Ordenó llevar adelante la ejecución contra el demandado hasta el pago del capital reclamado de $2.372.486,70, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $566.769 y fijó provisoriamente $1.469.627,85 para responder por intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. La resolución ordenó notificar al ejecutado y hacerle saber el plazo para oponer excepciones. Previó embargo hasta $4.408.883,55 si la actora lo solicita.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Bariloche rectificó una sentencia monitoria dictada el 24 de febrero de 2026 en una ejecución fiscal municipal. La corrección se limitó al nombre de la sociedad ejecutada: donde decía “MACC BABER S.A.S.” debía leerse “MACC BARBER S.A.S.”, manteniéndose el capital reclamado de $216.124, con más intereses y costas. La resolución ordenó protocolizar y notificar la rectificación junto con la sentencia original. Además, dispuso recaratular las actuaciones con la denominación corregida de la sociedad demandada.

La Cámara Primera del Trabajo de General Roca homologó con fuerza de sentencia el acuerdo conciliatorio celebrado ante CIMARC entre la trabajadora y Sanatorio Juan XXIII SRL. Consideró que la propuesta importaba una justa composición de derechos y no vulneraba el orden público. Impuso las costas a la demandada, admitió honorarios pactados de $200.000 para la representación de la actora, reguló $200.000 para el letrado de la demandada y $100.000 para la conciliadora, con aportes de Caja Forense. También previó que la falta de pago habilitaría la ejecución de la deuda impaga.

La Unidad Procesal de Familia N° 7 de Cipolletti dispuso remitir el proceso de cuidado personal a la Unidad Procesal N° 5, donde ya tramitaban causas conexas vinculadas al mismo grupo familiar. La decisión tuvo alcance operativo: atendió al pedido de la actora y a razones de economía procesal, inmediación y perpetuatio jurisdictionis, por considerar que el juzgado que venía interviniendo tenía conocimiento amplio de la situación. No resolvió el fondo del cuidado personal, sino la radicación del expediente.

La Cámara del Trabajo de Viedma homologó el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes en el marco de la Ley 5450 y le otorgó efectos jurídicos conforme las normas laborales, procesales y civiles citadas. El tribunal tuvo presente los honorarios pactados para la conciliadora y los abogados, y ordenó notificar a la Caja Forense. Además, hizo saber a la parte requerida que debía acreditar el pago de la tasa retributiva de mediación y el depósito del capital en la cuenta bancaria de la requirente. La resolución no trató el fondo del conflicto laboral.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria contra María Moscoso Romero. Ordenó llevar adelante la ejecución por $2.353.340,29 de capital, con más $1.460.054,64 presupuestados provisoriamente para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. Impuso las costas a la ejecutada y dispuso oficios de embargo sobre un inmueble y automotores hasta cubrir $4.380.163,94. También ordenó notificar el plazo de 5 días para pagar u oponer excepciones.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal contra Elizabeth Espindola Solorzano. Ordenó llevar adelante la ejecución por $3.327.733,63 de capital, con más $1.947.251,32 presupuestados provisoriamente para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. Impuso las costas a la ejecutada y dispuso embargo sobre saldos bancarios y fondos hasta cubrir $5.841.753,94, con exclusión de haberes. La demandada fue notificada del plazo de 5 días para pagar u oponer excepciones.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal contra Miriam Marisa Vargas. Ordenó llevar adelante la ejecución por $2.267.232,35 de capital, con más $1.417.000,68 presupuestados provisoriamente para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. Impuso las costas a la ejecutada y dispuso embargo sobre saldos bancarios y fondos hasta cubrir $4.251.002,02, excluyendo fondos provenientes de haberes. También ordenó notificar el plazo de 5 días para pagar u oponer excepciones.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria contra Silvana Ressia. Ordenó llevar adelante la ejecución por $2.435.832,77 de capital, con más $1.501.300,88 presupuestados provisoriamente para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. Impuso las costas a la ejecutada y dispuso oficios de embargo sobre bienes registrales hasta cubrir $4.503.902,66. También ordenó notificar a la demandada el plazo de 5 días para pagar u oponer excepciones.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal contra Inversiones Ramaja S.A. Ordenó llevar adelante la ejecución por $1.787.923,27 de capital, con más $1.177.346,14 presupuestados provisoriamente para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. Impuso las costas a la ejecutada y dispuso oficio de embargo sobre inmuebles denunciados hasta cubrir $3.532.038,40. La resolución tuvo alcance operativo y notificó a la demandada el plazo de 6 días para pagar u oponer excepciones.