Poder Judicial de Río Negro

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15 de Cipolletti dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Ordenó llevar adelante la ejecución contra el demandado hasta el pago del capital reclamado de $4.746.405,58, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $730.946,46 y fijó provisoriamente $2.738.676,02 para responder por intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. También ordenó notificar al ejecutado y hacerle saber el plazo para oponer excepciones. Previó embargo hasta $8.216.028,06 si la actora lo solicita.

La Unidad Procesal de Familia N° 16 de General Roca fijó una cuota alimentaria provisoria en favor de un adolescente. La actora había solicitado una cuota equivalente al 30% de los ingresos del alimentante, con un piso de dos salarios mínimos, y el juzgado valoró que existía una cuota anterior homologada que, por el tiempo transcurrido, resultaba insuficiente. Sin prejuzgar sobre la decisión definitiva, estableció provisoriamente el 20% de los ingresos del demandado, deducidos descuentos obligatorios, viandas y viáticos, con un piso mínimo equivalente al 80% del salario mínimo, vital y móvil. Ordenó el depósito mensual entre los días 1 y 10 y la afectación de la cuenta judicial correspondiente.

La Unidad Jurisdiccional Civil N° 21 de Villa Regina amplió una sentencia monitoria en un incidente de ejecución de honorarios. La decisión tuvo en cuenta la existencia de una nueva regulación a favor del perito ejecutante, considerada título ejecutable conforme el CPCC. Ordenó hacer extensiva la ejecución contra los ejecutados hasta el íntegro pago del capital reclamado de $731.039,37, con más intereses y costas presupuestadas en $400.000. Difirió la regulación de honorarios por las tareas de ejecución para la oportunidad prevista por la Ley 2212 y dispuso notificar a los ejecutados, informándoles el plazo para oponer excepciones.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Bariloche dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Ordenó llevar adelante la ejecución contra el demandado hasta el pago del capital reclamado de $4.648.463,82, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $566.769 y fijó provisoriamente $2.607.616,41 para responder por intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. También ordenó notificar al ejecutado y hacerle saber el plazo para oponer excepciones. Previó embargo hasta $7.822.849,23 si la actora lo solicita.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Bariloche dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Ordenó llevar adelante la ejecución contra la demandada hasta el pago del capital reclamado de $4.188.671,27, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $566.769 y fijó provisoriamente $2.377.720,14 para responder por intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. También ordenó notificar a la ejecutada y hacerle saber el plazo para oponer excepciones. Previó embargo hasta $7.133.160,40 si la actora lo solicita.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Bariloche dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Ordenó llevar adelante la ejecución contra el demandado hasta el pago del capital reclamado de $2.197.811,93, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $566.769 y fijó provisoriamente $1.382.290,46 para responder por intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. Ordenó notificar al ejecutado y hacerle saber el plazo para oponer excepciones. Previó embargo hasta $4.146.871,40 si la actora lo solicita.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Bariloche dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Ordenó llevar adelante la ejecución contra el demandado hasta el pago del capital reclamado de $2.191.642,60, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $566.769 y fijó provisoriamente $1.379.205,80 para responder por intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. También ordenó notificar al ejecutado y hacerle saber el plazo para oponer excepciones. Previó embargo hasta $4.137.617,40 si la actora lo solicita.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Bariloche dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Ordenó llevar adelante la ejecución contra el demandado hasta el pago del capital reclamado de $4.209.763,61, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $566.769 y fijó provisoriamente $2.388.266,30 para responder por intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. La resolución ordenó notificar al ejecutado y hacerle saber el plazo para oponer excepciones. Previó embargo hasta $7.164.798,92 si la actora lo solicita.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Bariloche dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Ordenó llevar adelante la ejecución contra la demandada hasta el pago del capital reclamado de $4.119.843,55, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $566.769 y fijó provisoriamente $2.343.306,28 para responder por intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva. También ordenó notificar a la ejecutada y hacerle saber el plazo para oponer excepciones. Previó embargo hasta $7.029.918,82 si la actora lo solicita.

La Unidad Procesal de Familia N° 16 de General Roca mantuvo una cuota alimentaria provisoria del 22% de los ingresos del demandado en favor de su hijo. La actora había pedido elevarla al 25% con un piso de dos salarios mínimos, invocando gastos educativos y de subsistencia. El juzgado consideró la cuota homologada previamente, la edad del alimentado, la documentación inicial y el carácter cautelar de la decisión, sin prejuzgar sobre el fondo. Dispuso mantener el 22% de los ingresos, deducidos descuentos obligatorios, viandas y viáticos, pero elevó el piso mínimo al 80% del salario mínimo, vital y móvil. Ordenó el depósito mensual en la cuenta judicial afectada al expediente.