Poder Judicial de Río Negro

El Juzgado de Paz de General Conesa dictó medidas provisorias en una denuncia de violencia familiar. A partir de la denuncia formulada en sede policial, dispuso la prohibición de acceso de las personas denunciadas al domicilio del denunciante y fijó un perímetro de exclusión de 300 metros respecto de él, de su vivienda y de sus ámbitos de estudio, trabajo o esparcimiento. También prohibió actos molestos o perturbadores por cualquier medio, incluidas llamadas, mensajes, correo electrónico o redes sociales. Las medidas tendrán una vigencia de 90 días y fueron dictadas bajo apercibimiento de desobediencia judicial y de las sanciones previstas por la Ley D 3040. El juzgado ordenó notificar por la unidad policial y remitir las actuaciones al fuero de familia competente.

El Juzgado de Paz de General Enrique Godoy hizo lugar en forma total al beneficio de litigar sin gastos solicitado por el actor para promover una acción de daños y perjuicios contra el Gobierno de la Provincia de Río Negro. El juzgado valoró la prueba testimonial e informativa y tuvo por acreditada una situación económica limitada, basada principalmente en una pensión por discapacidad, sin actividad laboral actual, sin inmuebles y sin bienes patrimoniales relevantes que demostraran capacidad para afrontar los gastos del proceso. La resolución destacó que el beneficio garantiza el acceso efectivo a la justicia y no exige indigencia absoluta. Difirió costas y honorarios hasta contar con base suficiente, y ordenó comunicar el otorgamiento a los organismos correspondientes y al juzgado donde tramita el proceso principal.

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de General Roca hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios por un accidente de tránsito y condenó al demandado y a Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, en la medida del seguro, a pagar $2.510.165,41 más intereses. El juzgado tuvo por acreditado que el vehículo del demandado embistió desde atrás al rodado del actor y descartó la culpa de la víctima, al considerar diligente la frenada realizada ante el cruce de un animal en zona urbana. Reconoció $2.060.165,41 por daños materiales y $450.000 por privación de uso. Las costas fueron impuestas a las demandadas y los honorarios se regularon en porcentajes sobre el monto base a determinar.

El Juzgado de Paz de San Antonio Oeste dictó medidas protectorias en una denuncia de violencia. Ordenó al denunciado abstenerse de ejercer actos de violencia, producir incidentes, proferir agravios o efectuar reclamos personales por cualquier vía de comunicación, y le prohibió ingresar al domicilio de la denunciante o acercarse a ella si se encontraran en la vía pública. La resolución tuvo por finalidad prevenir el agravamiento o reiteración de los hechos denunciados y dispuso las medidas por 90 días, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y eventual intervención penal. Además, vinculó al Sistema de Abordaje Territorial, dio intervención a la Fiscalía Descentralizada por la posible comisión del delito de amenazas y ordenó elevar las actuaciones al juzgado competente.

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Ante la carta de pago del actor y los trabajos realizados en la etapa de cumplimiento de la sentencia, el juzgado reguló los honorarios del abogado interviniente en 4 jus, equivalentes a $323.868. La decisión tuvo alcance estrictamente regulatorio y dispuso notificar, registrar y protocolizar lo resuelto.

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